Política

Chuzadas: no más excusas

El hecho central (actividades ilegales de una entidad de las Fuerzas Armadas) habría tenido ramificaciones que van desde las interceptaciones ilegales, espionaje, amenazas, destrucción de evidencias y obstrucción a la labor de las entidades judiciales, hasta el desvío de las verdaderas prioridades que deberían tener los organismos de seguridad, en épocas donde ya no son minoritarios los sectores de opinión que se preguntan por los indicadores de efectividad en la lucha contra la verdadera criminalidad, que luce cada vez más empoderada y soberbia en su accionar en tantas regiones del país

De nuevo el país ante una denuncia recurrente, de graves irregularidades en las que estarían incurriendo oficiales y personal del Ejército. Y, de nuevo, las previsibles respuestas gubernamentales sobre investigaciones “exhaustivas”.

Las investigaciones hay que hacerlas, por supuesto. Rigurosas, eficaces, de modo que puedan vencer esa previsible muralla de silencio y solidaridades de cuerpo con que se topa la justicia, si es que realmente quiere desentrañar todo un entramado que, de haber ocurrido como fue denunciado por la revista Semana, implicaría la violación persistente de todo tipo de normas legales.

Como en tantas otras ocasiones, es una denuncia periodística -en esta ocasión también de la revista Semana– la que alerta sobre la posible ejecución de actividades de espionaje ilegal, que habría implicado la comisión de delitos consistentes en coacciones, amenazas y acosos a periodistas, conductas tipificadas como delitos en la legislación penal.

La revista informa a sus lectores que ha sido una larga investigación periodística, y que desde hace meses los reporteros encargados de ella han sufrido seguimientos. Aseguran haber obtenido información proveniente de oficiales del mismo Ejército sobre mecanismos tecnológicos, contratados por asignación directa, para interceptar sus comunicaciones.

El hecho central (actividades ilegales de una entidad de las Fuerzas Armadas) habría tenido ramificaciones que van desde las interceptaciones ilegales, espionaje, amenazas, destrucción de evidencias y obstrucción a la labor de las entidades judiciales, hasta el desvío de las verdaderas prioridades que deberían tener los organismos de seguridad, en épocas donde ya no son minoritarios los sectores de opinión que se preguntan por los indicadores de efectividad en la lucha contra la verdadera criminalidad, que luce cada vez más empoderada y soberbia en su accionar en tantas regiones del país.

Ayer, el excomandante del Ejército, general (r) Nicacio Martínez , negó enfáticamente cualquier participación suya en los hechos denunciados por Semana. Anunció incluso acciones judiciales. Está en su derecho, y su presunción de inocencia rige mientras no haya una declaración judicial en firme que la desvirtúe.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo , por su parte, repitió una y diez veces que el Gobierno solicita investigar con celeridad, que los comportamientos ilegales deben ser sancionados y que el Ejército apoyará las investigaciones. Y sorprendió al asegurar que lo único que sabe es lo que leyó en el reportaje de Semana. La información periodística recoge testimonios, y así lo reiteraron ayer políticos como Roy Barreras , según los cuales al alto Gobierno se le había advertido de estos hechos desde meses atrás.

La respuesta que echa mano del lugar común de las “manzanas podridas” está agotada hace tiempo. Es cierto que hay una ausencia clamorosa de resultados en investigaciones por escándalos anteriores. Mientras tanto, están a la vista los resultados de encuestas que muestran un descenso acusado de favorabilidad de las Fuerzas Armadas, que eran la institución más admirada. Pueden y deben recuperarla, pero para hacerlo no basta pedir a la ciudadanía que los arrope -lo cual es deseable- sino que debe haber un compromiso más serio con la transparencia.

El indudable prestigio del Ejército no es un activo infinito contra el cual se pueda girar sin pausa porque la confianza tarda décadas en consolidarse pero puede ser destruida en cuestión de pocos años. Nadie puede permitir que eso ocurra.